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ARMAS QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS EN EL PLAN COLOMBIA
Resumen[1]
Darío González Posso[2]
 
Un Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado norteamericano, de marzo 1 de 2002, constata que los cultivos de coca y de amapola han aumentado en Colombia de manera constante en los últimos tres años y niega así las cifras del gobierno colombiano, según el cual los cultivos de coca decrecieron por primera vez de 163 mil Hectáreas en el 2000 a 144 mil en 2001 (lo cual no contradice la tendencia). La Administración Bush sostiene que ni las fumigaciones, ni los “Pactos sociales de erradicación manual”, han asegurado la reducción de las áreas sembradas, pero que en ausencia de la fumigación aérea "la cosecha de droga en Colombia hubiera sido significativamente mayor". En consecuencia, propone como “solución” reforzar la fumigación química, en lugar de renunciar a una estrategia que ha contribuido a la expansión de los cultivos de coca, al mantener altos los precios de la pasta básica de cocaína en los mercados locales de Colombia.

 

Como espada de Damocles, también pende sobre Colombia la amenaza de utilización de armas biológicas prevista en el Plan Colombia, aprobado por el Congreso norteamericano durante la administración de Clinton. En julio de 2001 Bush anuló seis años de negociaciones de un Protocolo para la verificación de la Convención internacional sobre armas biológicas y toxínicas de 1972. El gobierno de los Estados Unidos dijo que el acuerdo pondría en peligro la confidencialidad de su industria farmacéutica y de investigación biológica; en diciembre de 2001, hizo fracasar la Quinta Conferencia de Examen de la Convención de Armas Biológicas, que fue levantada hasta el 11 de noviembre de 2002, sin aprobar ninguna resolución. El Embajador estadounidense en Ginebra, Donald Mahley, dijo a la reunión que su país no aceptará que lo limiten en el uso de armas biológicas en la guerra contra las drogas porque quiere usarlas en Colombia.

 

La intervención norteamericana en Colombia, en realidad orientada a imponer intereses de dominación económica, control militar y político sobre la estratégica región andino-amazónica, con el pretexto de la lucha “contra el terrorismo y el narcotráfico”, se extiende ahora como amenaza continental con el nombre de “Iniciativa Regional Andina” dirigida en particular a Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil y Panamá. El resultado previsible de estas políticas es el incremento de población desplazada, más violación de derechos humanos, violencia y amenazas de violencia contra la población civil.
 
Violación de derechos por el Estado
La “estrategia antinarcóticos” del Plan Colombia tiene como eje la “reducción de la oferta” en “su fuente”: los cultivos tipificados como “ilícitos”. Esta política fue diseñada para atacar en primer término a campesinos, colonos e indígenas, cualquiera que sea la técnica que se escoja para destruir las plantas: fumigación química, erradicación manual, o armas biológicas.

 

A la devastación generada por los cultivos y por los procesos de obtención de las drogas ilícitas sobre ecosistemas de selva húmeda en el caso de la coca y de bosques alto-andinos y de niebla en el caso de la amapola, se agregan los daños incalculables de la fumigación aérea con un herbicida de amplio espectro. “Con el argumento de combatir la oferta de drogas ilegales y golpear las finanzas de mafias y grupos irregulares se coloca a la población civil como objetivo militar”[3].
 
Las fumigaciones afectan inclusive los cultivos que producen alimentos y se deteriora la seguridad alimentaria; se utiliza el hambre y la manipulación del medio ambiente como armas de guerra, se afecta la salud humana y se desplaza población, parte de la cual busca refugio en Ecuador, Panamá y Venezuela.

 

El Estado vulnera así derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Además de la Constitución Nacional, entre otros instrumentos del derecho internacional, el Estado viola disposiciones del Protocolo II de 1977 adicional de los Convenios de Ginebra de 1949, según el cual “la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares”, “se prohíbe atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil tales como cosechas, ganados, las instalaciones de reserva de agua potable y las obras de riego” y se prohíbe “Forzar a personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto”.

 

A estas violaciones se agrega la amenaza de liberación masiva de hongos, cuyas toxinas son armas biológicas prohibidas por la Convención sobre armas biológicas, aunque la denuncia nacional e internacional dificultó hasta ahora su utilización.

 

El Fusarium oxysporum
La primera discusión relacionada con “agentes biológicos” tuvo como objeto un proyecto de la agencia antidrogas de Naciones Unidas, UNDCP, para probar una forma especial (Erithrocyli) del hongo Fusarium oxysporum. Por parte de académicos, algunos congresistas, organizaciones sociales y Pueblos indígenas, surgió una oposición enérgica contra tal estrategia. Por no existir certeza científica sobre las consecuencias, se recordó al gobierno el principio de precaución, señalado en el Convenio de Diversidad Biológica, en el Protocolo sobre Bioseguridad y en la legislación nacional, como un deber de las autoridades ambientales. Se aclaró que la utilización de este hongo contra la coca no sería control biológico legítimo, sino dispersión de plagas y enfermedades; que también la Constitución colombiana prohíbe “la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares” y establece que el Estado debe cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas. La Defensoría del Pueblo, julio 10 de 2000, recomendó al gobierno “no permitir su ingreso al país, aun para ser utilizado en proyectos de simple experimentación”.

 

El Fusarium es un género con muchas especies patógenas de plantas y animales, causantes de pérdidas en la agricultura y deterioro de alimentos como granos almacenados. Es cosmopolita, forma parte de la flora normal de la tierra, agua y aire. Puede persistir en reposo en el suelo por 10 años o más. Existe en Colombia como patógeno en cultivos de tomate, pepino, fríjol, arveja, banano, melón, flores como clavel y crisantemo. En los humanos puede causar enfermedad, en unos casos localizada y en otros profunda, dependiendo de la frecuencia y la intensidad de la exposición, la virulencia del germen y el estado de salud de las personas: aquellas con sistema inmunológico deprimido tienen mayor posibilidad de infección sistémica o profunda, con elevado riesgo de muerte[4].

 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Francia, la antigua Unión Soviética e Irak realizaron investigaciones de las trichothecenas, toxinas de este hongo, para evaluar la posibilidad de utilizarlas como armas de guerra, ya que tienen una potencialidad mortal con un promedio de 4 a 5 miligramos por persona[5].

 

Aunque no existe información completa sobre manipulaciones genéticas a la cepa de Fusarium a ser usada contra la coca, se debe tomar en cuenta que al introducirle genes para hacerla más agresiva multiplicaría su potencial patógeno, su sobrevivencia, su rango de huéspedes, la toxicidad de sus metabolitos y su capacidad de producir infecciones sistémicas en humanos[6].
 
Los “agentes biológicos nativos”
En medio de las protestas, en julio de 2000, el Ministro del Medio Ambiente se vio obligado a rechazar el Fusarium oxysporum forma especial Erithocyli “por carecer de certeza sobre sus impactos en el medio ambiente y la salud humana”. Pero para mantener los compromisos con Estados Unidos, anunció en su lugar un proyecto para identificar “a partir de la biodiversidad nativa, especies que puedan emplearse como controles biológicos para la erradicación de cultivos ilícitos[7], formulado por el Ministerio del Medio Ambiente con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, proyecto que en enero de 2001 también canceló ante las denuncias[8].
 
Investigación y ética
En el debate se recordó que la investigación científica debe estar al servicio de la vida, la justicia social, la solidaridad, la protección de los derechos humanos y la construcción de la paz. Tales proyectos bajo el sofisma de un “control biológico” inofensivo, proponen armas biológicas; además de la Constitución Colombiana contradicen los tratados internacionales citados y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT que obliga a los gobiernos a consultar toda actividad que propongan en los territorios indígenas.

 

El proyecto de los agentes biológicos “nativos” tenía además un propósito de bioprospección, que consiste en utilizar el conocimiento colectivo de las comunidades locales y pueblos indígenas para acortar el camino y los costos en la identificación de recursos genéticos, o de principios activos en los organismos vivos para transformarlos, por ejemplo, en fármacos. El problema surge cuando estos conocimientos y recursos, que deberían ser respetados como inalienables, son expropiados mediante patentes, inclusive sobre organismos vivos y hasta “colecciones biológicas”, o a través de dudosas “retribuciones económicas”, como proponía el Proyecto en mención, transformándose la bioprospección en piratería. Decía el Proyecto que los derechos de propiedad y patentes “pertenecerán exclusivamente al Ministerio del Medio Ambiente y al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi”. Explicaba la bioprospección, como una estrategia para ayudar a los empresarios “mediante una Red de Apoyo en Bionegocios”[9]. Por esto, para la defensa de los derechos y conocimientos colectivos de las comunidades locales y pueblos indígenas, en algunos eventos[10] se ha apoyado una moratoria de la bioprospección hasta cuando su herencia cultural esté totalmente protegida por las leyes nacionales e internacionales.
 
“El juego” no terminó
Perú prohibió el uso de agentes biológicos para erradicar coca, Decreto de marzo de 2000. Ecuador prohibió el ingreso y utilización del Fusarium oxysporum, Acuerdo Ministerial de agosto de 2000. En septiembre de 2000 el Comité Andino de Autoridades Ambientales rechazó su utilización en los países de la Comunidad Andina.
 
El presidente Clinton admitió en agosto de 2000 que usar agentes biológicos para erradicar cultivos ilícitos puede tener impacto en la proliferación de armas biológicas y declaró que Estados Unidos no usará el hongo hasta tanto "una evaluación más amplia de seguridad nacional, que incluya consideraciones sobre el impacto potencial sobre proliferación de armas biológicas y terrorismo, proporcione una base sólida para concluir que el uso de esta herramienta en particular para el control de drogas está dentro de nuestro interés nacional"[11].
 
UNDCP se retiró de proyectos de “control biológico” contra cultivos ilícitos en Colombia y la región andina; en noviembre 2 de 2000 reiteró que no está ejecutando, ni planea un proyecto de control biológico en Colombia ni en otro lugar de los Andes[12]. El Ministerio del Medio Ambiente de Colombia se vio obligado a renunciar a estos proyectos.

 

La Resolución del Parlamento Europeo, febrero 1 de 2001, sobre el Plan Colombia, expresa que la Unión Europea “debe hacer lo necesario para que se abandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se impida la introducción de agentes biológicos como el Fusarium oxysporum, dados los riesgos que su uso entraña tanto para la salud como para el medio ambiente”.
Pero los peligros continúan. En Asia y Estados Unidos hay programas activos de armas biológicas en la “guerra contra las drogas”. UNDCP, con el auspicio de Estados Unidos y Gran Bretaña, apoyan todavía investigaciones en Uzbekistán. La administración Bush, como ya se mencionó, quiere utilizar agentes biológicos en la “guerra antidrogas”.

 

Por lo tanto -afirman las conclusiones de los Talleres de Mesas Ciudadanas para una agenda de paz, en relación con el tema agrario y de cultivos tipificados como ilícitos-, las siguientes son medidas urgentes:

 

·    Parar de manera definitiva las fumigaciones,
·    Excluir la amenaza de las armas biológicas (difusión de plagas y enfermedades),
·    No incriminar a los campesinos cultivadores, o despenalizarlos modificando la legislación colombiana (Ley 30 de 1986 y otras normas),
·    Indemnizar a las poblaciones campesinas e indígenas por los daños causados y
·    Buscar soluciones pacíficas, alternativas a la “guerra antidrogas”[13].
 
Necesidad de una reforma agraria democrática
También sostienen las conclusiones de talleres antes mencionados que para avanzar hacia soluciones de fondo, se requiere reconstruir y proteger la economía campesina, y garantizar la soberanía alimentaria del país afectada por las políticas neoliberales. Por supuesto, esto contrasta con las políticas oficiales y con las posiciones de grandes intereses económicos del país, que se resisten a la ejecución de una reforma agraria democrática que supere la iniquidad en la estructura de la propiedad de la tierra y revierta la expulsión violenta de campesinos de las áreas de frontera agrícola, fenómeno vinculado con los orígenes y causas, tanto del conflicto armado interno como de la expansión de los cultivos con fines ilícitos.
 
Revisar la “política antidrogas”
Es necesario enfatizar que el origen del problema que padecen Colombia y otros países productores no es en primer término la demanda de estas sustancias psicoactivas de origen natural por parte de los países ricos del norte, aunque esta demanda esté determinada por un consumo de proporciones considerables. Tampoco el origen del problema es la existencia de dichas sustancias, o de los cultivos de coca, amapola y marihuana.

 

En el origen del problema se encuentran el prohibicionismo y las políticas punitivas ejecutadas contra los consumidores y contra los campesinos vinculados con estos cultivos, primeros eslabones de la demanda y de la oferta. El propósito central de la responsabilidad internacional compartida no debe ser “combatir también la demanda”. Es necesario un real esfuerzo nacional e internacional por debatir y superar mancomunadamente el oscurantismo, y llegar de manera consensual a una revisión de las políticas prohibicionistas y guerreristas. Esto es más importante que la cooperación internacional para un “desarrollo alternativo” de dudosos resultados y, en muchos casos, complementario de las políticas punitivas contra el campesinado, como los actuales “pactos de erradicación manual” impuestos por el gobierno con la presión de la fumigación química.

 

Las políticas prohibicionistas lejos de evitar la drogadicción contribuyen a incrementarla, con el agravante de la venta clandestina de sustancias alteradas o de mala calidad y mayores riesgos para la salud. Frente a los daños que produce el prohibicionismo es mejor opción tratar todo tipo de drogodependencia como un asunto de salud mediante programas terapéuticos y preventivos.

 

Se debe aceptar que no es deseable, ni posible, erradicar las drogas naturales, con las cuales la humanidad ha convivido y continuará necesariamente conviviendo; prohibirlas es inútil y contraproducente: el proceso de represión ha contribuido al auge de drogas químicas, al desarrollo de estrategias cada vez más delictivas y a un creciente armamentismo.

 

Pero los países de la gran demanda deben tener en cuenta que la despenalización del consumo es una política incompleta si se mantiene la guerra en el polo de la ‘oferta’. Además, los acuerdos internacionales de corresponsabilidad, en lugar de la guerra contra el campesinado, deberían concentrar la “represión legítima” -Law Enforcement- en los eslabones de la cadena financiera de los ilícitos, de suministro de insumos y de narcotráfico. (Véase resumen de conclusiones Taller “Conflicto agrario, seguridad alimentaria y cultivos tipificados como ilícitos”, Mesas Ciudadanas para la Agenda de Paz).
dariogonz@andinet.com
[1] Versión resumida y actualizada de la Ponencia presentada –con el mismo título- en el “Seminario internacional Plan Colombia: Una mirada a sus impactos políticos, económicos, sociales y ambientales”, Universidad Nacional, Bogotá, 12-14 de septiembre 2001 y en la “Conference international in support of the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), the Anti-Ballistic Missile (ABM), and the Nuclear Disarmament treaties. Washington D.C., 27-28 October 2001. www.mamacoca.org
[2] Ingeniero Agrónomo, Especialista en Desarrollo Regional. Ha sido Consultor de la FAO y del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, de Colombia.
[3] Carta a Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, julio 17 de 2001. www.mamacoca.org
[4] Jave O, Hospital Dos de Mayo, Lima, “Fusarium oxysporum, la micosis emergente”, octubre 2000.
[5] Bigwood J, “Consideraciones sobre la Guerra Química contra los Cultivos de Drogas: El caso de Fusarium”, octubre 2000.
[6] Rippon JW. Medical Mycology. W.B.Saunders Co., Philadelphia, 1988.
[7] Mayr J, Ministro, “Porqué rechazamos el hongo”. Revista Cambio 370, Bogotá 31/07/00.
[8] Véase Proyecto “Formas alternativas, integrales y productivas de protección de la biodiversidad en las zonas afectadas por cultivos de coca y su erradicación” www.ceudes.org
[9] Darío González, Bioprospección y guerra biológica, agosto de 2000, Ponencia en seminario internacional sobre guerra biológica, quito, octubre de 2000. www.viaalterna.com.co, www.ceudes.org
[10] Encuentro Internacional sobre Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia (Costa Rica, 2000); II Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz, Propuestas de la Mesa ‘cultivos ilícitos’ y agenda de paz, Bogotá, Marzo de 2001, entre otros. www.mamacoca.org
[11] Memorando de Justificación para Determinación Presidencial 2000-28 www.sunshine-project.org/indexesp.html
[13] II Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz, Propuestas de la Mesa ‘cultivos ilícitos’ y agenda de paz, Bogotá, Marzo de 2001. www.mamacoca.org
 

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Última actualización: 24 de April de 2003