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- ARMAS QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS EN EL PLAN
COLOMBIA
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- Un Informe sobre la
Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de
Estado norteamericano, de marzo 1 de 2002, constata que los cultivos de coca y
de amapola han aumentado en Colombia de manera constante en los últimos tres
años y niega así las cifras del gobierno colombiano, según el cual los
cultivos de coca decrecieron por primera vez de 163 mil Hectáreas en el 2000 a
144 mil en 2001 (lo cual no contradice la tendencia). La Administración Bush
sostiene que ni las fumigaciones, ni los “Pactos sociales de erradicación
manual”, han asegurado la reducción de las áreas sembradas, pero que en
ausencia de la fumigación aérea "la cosecha de droga en Colombia hubiera sido
significativamente mayor". En consecuencia, propone como “solución” reforzar
la fumigación química, en lugar de renunciar a una estrategia que ha
contribuido a la expansión de los cultivos de coca, al mantener altos los
precios de la pasta básica de cocaína en los mercados locales de Colombia.
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- Como espada de Damocles,
también pende sobre Colombia la amenaza de utilización de armas biológicas
prevista en el Plan Colombia, aprobado por el Congreso norteamericano durante
la administración de Clinton. En julio de 2001 Bush anuló seis años de
negociaciones de un Protocolo para la verificación de la
Convención internacional sobre armas biológicas y toxínicas
de 1972. El gobierno de los Estados Unidos dijo que el acuerdo pondría
en peligro la confidencialidad de su industria farmacéutica y de investigación
biológica; en diciembre de 2001, hizo fracasar la Quinta Conferencia de Examen
de la Convención de Armas Biológicas, que fue levantada hasta el 11 de
noviembre de 2002, sin aprobar ninguna resolución.
El Embajador estadounidense en Ginebra, Donald Mahley, dijo a
la reunión que su país no aceptará que lo limiten en el uso de armas
biológicas en la guerra contra las drogas porque quiere usarlas en Colombia.
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- La intervención
norteamericana en Colombia, en realidad orientada a imponer intereses de
dominación económica, control militar y político sobre la estratégica región
andino-amazónica, con el pretexto de la lucha “contra el terrorismo y el
narcotráfico”, se extiende ahora como amenaza continental con el nombre de
“Iniciativa Regional Andina” dirigida en particular a Colombia, Perú,
Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil y Panamá. El resultado previsible de estas
políticas es el incremento de población desplazada, más violación de derechos
humanos, violencia y amenazas de violencia contra la población civil.
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Violación de derechos por el Estado
- La
“estrategia antinarcóticos” del Plan Colombia
tiene como eje la “reducción de la
oferta” en “su fuente”: los cultivos tipificados como “ilícitos”. Esta
política fue diseñada para atacar en primer término a campesinos, colonos e
indígenas, cualquiera que sea la técnica que se escoja para destruir
las plantas: fumigación química, erradicación manual, o armas biológicas.
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- A la
devastación generada por los cultivos y por los procesos de obtención de las
drogas ilícitas sobre ecosistemas de selva húmeda en el caso de la coca y de
bosques alto-andinos y de niebla en el caso de la amapola, se agregan los
daños incalculables de la fumigación aérea con un herbicida de amplio
espectro. “Con el argumento de combatir la oferta de drogas ilegales y golpear
las finanzas de mafias y grupos irregulares se coloca a la población civil
como objetivo militar”.
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- Las
fumigaciones afectan inclusive los cultivos que producen alimentos y se
deteriora la seguridad alimentaria; se utiliza el hambre y la manipulación del
medio ambiente como armas de guerra, se afecta la salud humana y se desplaza
población, parte de la cual busca refugio en Ecuador, Panamá y Venezuela.
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- El Estado
vulnera así derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Además de
la Constitución Nacional, entre otros instrumentos del derecho internacional,
el Estado viola disposiciones del Protocolo II de 1977 adicional de los
Convenios de Ginebra de 1949, según el cual “la población civil y las personas
civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de
operaciones militares”, “se prohíbe atacar bienes indispensables para la
supervivencia de la población civil tales como cosechas, ganados, las
instalaciones de reserva de agua potable y las obras de riego” y se prohíbe
“Forzar a personas civiles a abandonar su propio territorio por razones
relacionadas con el conflicto”.
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- A estas
violaciones se agrega la amenaza de liberación masiva de hongos, cuyas toxinas
son armas biológicas prohibidas por la Convención sobre armas
biológicas, aunque la denuncia nacional e internacional dificultó hasta
ahora su utilización.
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- El
Fusarium oxysporum
- La primera discusión
relacionada con “agentes biológicos” tuvo como objeto un proyecto de la
agencia antidrogas de Naciones Unidas, UNDCP, para probar una forma especial (Erithrocyli)
del hongo Fusarium oxysporum. Por parte de académicos, algunos
congresistas, organizaciones sociales y Pueblos indígenas, surgió una
oposición enérgica contra tal estrategia. Por no existir certeza científica
sobre las consecuencias, se recordó al gobierno el principio de precaución,
señalado en el Convenio de Diversidad Biológica, en el Protocolo sobre
Bioseguridad y en la legislación nacional, como un deber de las autoridades
ambientales. Se aclaró que la utilización de este hongo contra la coca no
sería control biológico legítimo, sino dispersión de plagas y
enfermedades; que también la Constitución colombiana prohíbe “la
fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y
nucleares” y establece que el Estado debe cooperar con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas. La Defensoría del
Pueblo, julio 10 de 2000, recomendó al gobierno “no
permitir su ingreso al país, aun para ser utilizado en proyectos de simple
experimentación”.
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- El Fusarium es un género
con muchas especies patógenas de plantas y animales, causantes de pérdidas en
la agricultura y deterioro de alimentos como granos almacenados. Es
cosmopolita, forma parte de la flora normal de la tierra, agua y aire. Puede
persistir en reposo en el suelo por 10 años o más. Existe en Colombia como
patógeno en cultivos de tomate, pepino, fríjol, arveja, banano, melón, flores
como clavel y crisantemo. En los humanos puede causar enfermedad, en unos
casos localizada y en otros profunda, dependiendo de la frecuencia y la
intensidad de la exposición, la virulencia del germen y el estado de salud de
las personas: aquellas con sistema inmunológico deprimido tienen mayor
posibilidad de infección sistémica o profunda, con elevado riesgo de
muerte.
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Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Francia, la antigua Unión
Soviética e Irak realizaron investigaciones de las trichothecenas,
toxinas de este hongo, para evaluar la posibilidad de utilizarlas como armas
de guerra, ya que tienen una potencialidad mortal con un promedio de 4 a 5
miligramos por persona.
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Aunque no existe información completa sobre manipulaciones
genéticas a la cepa de Fusarium a ser usada contra la coca, se debe
tomar en cuenta que al introducirle genes para hacerla más agresiva
multiplicaría su potencial patógeno, su sobrevivencia, su rango de huéspedes,
la toxicidad de sus metabolitos y su capacidad de producir infecciones
sistémicas en humanos.
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- Los “agentes biológicos nativos”
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En medio de las protestas, en julio de 2000, el Ministro del
Medio Ambiente se vio obligado a rechazar el Fusarium oxysporum forma
especial Erithocyli “por carecer de certeza sobre sus impactos en el
medio ambiente y la salud humana”. Pero para mantener los compromisos con
Estados Unidos, anunció en su lugar un proyecto para identificar “a partir de
la biodiversidad nativa, especies que puedan emplearse como controles
biológicos para la erradicación de cultivos ilícitos”,
formulado por el Ministerio del Medio Ambiente con el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas, Sinchi, y el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, proyecto que en enero de 2001
también canceló ante las denuncias.
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- Investigación y ética
- En el debate se recordó que la
investigación científica debe estar al servicio de la vida, la justicia
social, la solidaridad, la protección de los derechos humanos y la
construcción de la paz. Tales proyectos bajo el sofisma de un “control
biológico” inofensivo, proponen armas biológicas; además de la Constitución
Colombiana contradicen los tratados internacionales citados y el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo OIT que obliga a los gobiernos a
consultar toda actividad que propongan en los territorios indígenas.
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El proyecto de los agentes biológicos “nativos” tenía además un
propósito de bioprospección, que consiste en utilizar el conocimiento
colectivo de las comunidades locales y pueblos indígenas para acortar el
camino y los costos en la identificación de recursos genéticos, o de
principios activos en los organismos vivos para transformarlos, por ejemplo,
en fármacos. El problema surge cuando estos conocimientos y recursos, que
deberían ser respetados como inalienables, son expropiados mediante
patentes, inclusive sobre organismos vivos y hasta “colecciones biológicas”, o
a través de dudosas “retribuciones económicas”, como proponía el Proyecto en
mención, transformándose la bioprospección en piratería. Decía el Proyecto que
los derechos de propiedad y patentes “pertenecerán exclusivamente al
Ministerio del Medio Ambiente y al Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas Sinchi”. Explicaba la bioprospección, como una estrategia
para ayudar a los empresarios “mediante una Red de Apoyo en Bionegocios”.
Por esto, para la defensa de los derechos y conocimientos colectivos de las
comunidades locales y pueblos indígenas, en algunos eventos
se ha apoyado una moratoria de la bioprospección hasta cuando su
herencia cultural esté totalmente protegida por las leyes nacionales e
internacionales.
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- “El juego” no terminó
- Perú prohibió el uso de agentes biológicos para erradicar
coca, Decreto de marzo de 2000. Ecuador prohibió el ingreso y utilización del
Fusarium oxysporum, Acuerdo Ministerial de agosto de 2000. En
septiembre de 2000 el Comité Andino de Autoridades Ambientales rechazó su
utilización en los países de la Comunidad Andina.
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- El presidente Clinton admitió en agosto de 2000 que usar
agentes biológicos para erradicar cultivos ilícitos puede tener impacto en la
proliferación de armas biológicas y declaró que Estados Unidos no usará el
hongo hasta tanto "una evaluación más amplia de seguridad nacional, que
incluya consideraciones sobre el impacto potencial sobre proliferación de
armas biológicas y terrorismo, proporcione una base sólida para concluir que
el uso de esta herramienta en particular para el control de drogas está dentro
de nuestro interés nacional".
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- UNDCP se retiró de proyectos de
“control biológico” contra cultivos ilícitos en Colombia y la región andina;
en noviembre 2 de 2000 reiteró que no está ejecutando, ni planea un proyecto
de control biológico en Colombia ni en otro lugar de los Andes.
El Ministerio del Medio Ambiente de Colombia se vio obligado a renunciar a
estos proyectos.
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La Resolución del Parlamento Europeo, febrero 1 de 2001, sobre
el Plan Colombia, expresa que la Unión Europea “debe hacer lo necesario para
que se abandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se impida la
introducción de agentes biológicos como el Fusarium oxysporum, dados
los riesgos que su uso entraña tanto para la salud como para el medio
ambiente”.
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Pero los peligros continúan. En Asia y Estados Unidos hay
programas activos de armas biológicas en la “guerra contra las drogas”. UNDCP,
con el auspicio de Estados Unidos y Gran Bretaña, apoyan todavía
investigaciones en Uzbekistán. La administración Bush, como ya se mencionó,
quiere utilizar agentes biológicos en la “guerra antidrogas”.
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- Por lo tanto
-afirman las conclusiones de los Talleres de Mesas Ciudadanas para una agenda
de paz, en relación con el tema agrario y de cultivos tipificados como
ilícitos-, las siguientes son medidas urgentes:
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· Parar
de manera definitiva las fumigaciones,
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· Excluir
la amenaza de las armas biológicas (difusión de plagas y enfermedades),
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· No
incriminar a los campesinos cultivadores, o despenalizarlos modificando la
legislación colombiana (Ley 30 de 1986 y otras normas),
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· Indemnizar
a las poblaciones campesinas e indígenas por los daños causados y
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· Buscar
soluciones pacíficas, alternativas a la “guerra antidrogas”.
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Necesidad de una reforma agraria democrática
- También
sostienen las conclusiones de talleres antes mencionados que para avanzar
hacia soluciones de fondo, se requiere reconstruir y proteger la
economía campesina, y garantizar la soberanía alimentaria del país
afectada por las políticas neoliberales. Por supuesto, esto contrasta con las
políticas oficiales y con las posiciones de grandes intereses económicos del
país, que se resisten a la ejecución de una reforma agraria democrática que
supere la iniquidad en la estructura de la propiedad de la tierra y revierta
la expulsión violenta de campesinos de las áreas de frontera agrícola,
fenómeno vinculado con los orígenes y causas, tanto del conflicto armado
interno como de la expansión de los cultivos con fines ilícitos.
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Revisar la “política antidrogas”
- Es necesario
enfatizar que el origen del problema que padecen Colombia y otros países
productores no es en primer término la demanda de estas sustancias
psicoactivas de origen natural por parte de los países ricos del norte, aunque
esta demanda esté determinada por un consumo de proporciones considerables.
Tampoco el origen del problema es la existencia de dichas sustancias, o de los
cultivos de coca, amapola y marihuana.
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- En el origen
del problema se encuentran el prohibicionismo y las políticas punitivas
ejecutadas contra los consumidores y contra los campesinos vinculados con
estos cultivos, primeros eslabones de la demanda y de la oferta. El propósito
central de la responsabilidad internacional compartida no debe ser “combatir
también la demanda”. Es necesario un real esfuerzo nacional e internacional
por debatir y superar mancomunadamente el oscurantismo, y llegar de manera
consensual a una revisión de las políticas prohibicionistas y guerreristas.
Esto es más importante que la cooperación internacional para un “desarrollo
alternativo” de dudosos resultados y, en muchos casos, complementario de las
políticas punitivas contra el campesinado, como los actuales “pactos de
erradicación manual” impuestos por el gobierno con la presión de la fumigación
química.
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- Las políticas
prohibicionistas lejos de evitar la drogadicción contribuyen a incrementarla,
con el agravante de la venta clandestina de sustancias alteradas o de mala
calidad y mayores riesgos para la salud. Frente a los daños que produce el
prohibicionismo es mejor opción tratar todo tipo de drogodependencia como un
asunto de salud mediante programas terapéuticos y preventivos.
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- Se debe aceptar
que no es deseable, ni posible, erradicar las drogas naturales, con las cuales
la humanidad ha convivido y continuará necesariamente conviviendo; prohibirlas
es inútil y contraproducente: el proceso de represión ha contribuido al auge
de drogas químicas, al desarrollo de estrategias cada vez más delictivas y a
un creciente armamentismo.
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- Pero los países
de la gran demanda deben tener en cuenta que la despenalización del consumo es
una política incompleta si se mantiene la guerra en el polo de la ‘oferta’.
Además, los acuerdos internacionales de corresponsabilidad, en lugar de la
guerra contra el campesinado, deberían concentrar la “represión legítima” -Law
Enforcement- en los eslabones de la cadena financiera de los ilícitos, de
suministro de insumos y de narcotráfico. (Véase resumen de conclusiones Taller
“Conflicto agrario, seguridad alimentaria y cultivos tipificados como
ilícitos”, Mesas Ciudadanas para la Agenda de Paz).
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Versión resumida y actualizada de la Ponencia presentada –con el mismo
título- en el “Seminario internacional Plan Colombia: Una mirada a sus
impactos políticos, económicos, sociales y ambientales”,
Universidad Nacional, Bogotá, 12-14 de septiembre 2001
y en la “Conference international in support of the Biological and Toxin
Weapons Convention (BTWC), the Anti-Ballistic Missile (ABM), and the
Nuclear Disarmament treaties.
Washington D.C., 27-28 October 2001.
www.mamacoca.org
-
Ingeniero Agrónomo, Especialista en Desarrollo Regional. Ha sido Consultor
de la FAO y del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI,
de Colombia.
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Carta a Mary
Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
julio 17 de 2001.
www.mamacoca.org
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Jave O,
Hospital Dos de Mayo, Lima, “Fusarium oxysporum, la micosis emergente”,
octubre 2000.
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Bigwood J,
“Consideraciones sobre la Guerra Química contra los Cultivos de Drogas: El
caso de Fusarium”, octubre 2000.
-
Rippon JW. Medical Mycology. W.B.Saunders Co., Philadelphia, 1988.
-
Mayr J,
Ministro, “Porqué rechazamos el hongo”. Revista Cambio 370, Bogotá
31/07/00.
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Véase
Proyecto “Formas alternativas,
integrales y productivas de protección de la biodiversidad en las zonas
afectadas por cultivos de coca y su erradicación”
www.ceudes.org
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Darío
González, Bioprospección y guerra biológica, agosto de 2000,
Ponencia en seminario internacional sobre guerra biológica, quito, octubre
de 2000.
www.viaalterna.com.co,
www.ceudes.org
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Encuentro
Internacional sobre Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario en Colombia (Costa Rica, 2000); II Encuentro Nacional de Mesas
Ciudadanas para una Agenda de Paz, Propuestas de la Mesa ‘cultivos
ilícitos’ y agenda de paz, Bogotá, Marzo de 2001, entre otros.
www.mamacoca.org
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II
Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz, Propuestas
de la Mesa ‘cultivos ilícitos’ y agenda de paz, Bogotá, Marzo de 2001.
www.mamacoca.org
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